• Presentan expertos de la UNAM y de otras instituciones primer reporte del estudio “Condiciones de habitabilidad en las viviendas y el entorno urbano ante aislamiento por COVID-19”. • Vivienda precaria en renta, fraccionamientos con déficit de espacios públicos y preocupación por pago de hipotecas, algunos de los problemas detectados.
UNAM-DGCS-510|Ciudad Universitaria|11:00 hs. 12 de junio de 2020. El confinamiento ha puesto de manifiesto las dificultades que existen en México para hacer efectivo el derecho a la salud, la vivienda y el agua, pues las dos principales recomendaciones “quédate en casa” y “lávate las manos” están relacionadas con la habitabilidad de los hogares, afirmó Alicia Ziccardi, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
En videoconferencia la especialista presentó, junto con expertos de la Universidad y de otras instituciones de educación superior del país, el primer reporte del estudio “Condiciones de habitabilidad en las viviendas y el entorno urbano ante aislamiento por Covid-19”, realizado con base en cinco mil cuestionarios a habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Tijuana y Mérida.
En la Ciudad de México existen problemas de vivienda, principalmente en edificios precarios en renta, ubicados en la zona Centro, construidos entre la década de los 30 y 50, que miden entre 30 y 60 metros cuadrados, indicó Gustavo Romero, de la Facultad de Arquitectura (FA).
El 26.5 por ciento de los encuestados rentan un hogar, por lo que es importante procurar que no haya desalojos por falta de pago. ”La prioridad debe ser una política habitacional que apoye el mejoramiento de las viviendas precarias y no la vivienda nueva, pues hay más de medio millón de estas últimas sin vender”, dijo.
En Cuernavaca, uno de cada dos entrevistados tiene problemas de acceso permanente al agua en su hogar, pues sólo la reciben algunos días de la semana, informó Medardo Tapia, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).
Allí, dos de cada tres entrevistados viven en colonias populares y en viviendas menores a 100 metros cuadrados; 20 por ciento son habitadas por cinco personas o más. Entre las mayores preocupaciones está el pago de renta, por lo que se recomienda solicitar a los arrendadores diferirlo, además de posponer el pago de hipotecas.
En Tijuana, 24.7 por ciento indicó que renta, y 25.3 por ciento tiene vivienda propia que está pagando; una tercera parte expresó su preocupación sobre los créditos y deudas, subrayó Tonatiuh Guillén, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED).
Marina Contreras, candidata a doctora en Urbanismo, explicó que en Ciudad Juárez una tercera parte de los entrevistados vive en casa propia que está pagando, principalmente en fraccionamiento de interés social, con créditos a 20 años. “Tres de cada 10 entrevistados revelaron tener problemas para cubrir sus créditos y deudas; una quinta parte tiene problemas para pagar servicios o la renta”.
Héctor Padilla, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, expuso que la población pide hacer censos de quienes no tienen ingresos o han sufrido una disminución de éstos, y enfrentan problemas para costear su vivienda y servicios.
En Toluca, los entrevistados señalaron que tienen dificultades para permanecer en casa, pues deben salir por provisiones. Aunque 90 por ciento tiene cerca tienda de abarrotes, los productos son más caros que en supermercados y la entrega a domicilio tiene costo extra, expuso Patricia Solís, candidata a doctora en Urbanismo.
Carolina Pedrotti, del Colegio Mexiquense, agregó que otro factor a considerar son las labores extra de las mujeres, pues el hogar se ha convertido en espacio de tareas domésticas, trabajo y actividades escolares en línea, entre otros. Derivado de ello, se requieren nuevas condiciones de habitabilidad y nuevos servicios.
En Mérida se han reportado los mayores casos de COVID-19, en los fraccionamientos más grandes, construidos en los últimos años y con déficit de espacios públicos, afirmó Susana Pérez del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
Recomendó que durante la apertura gradual se diseñen protocolos que brinden a niños, adultos mayores y grupos que habitan viviendas reducidas, acceso a espacios públicos. “Los pequeños son quienes deben regresar primero a estos espacios, y debe controlarse el uso de áreas y juegos, así como las condiciones sanitarias por parte de las autoridades”.
Respaldo a acciones estatales
En Guadalajara, ocho de cada 10 entrevistados están de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno estatal; seis de cada 10 con los gobiernos municipales y cuatro de cada 10 con las del gobierno federal, aseveró Antonio Sánchez, de la Universidad de Guadalajara.
Allí, el llamado a quedarse en casa inició 15 días antes que a nivel nacional y se han realizado acciones para asegurar el ingreso y la habitabilidad: se efectuó la campaña “Jalisco sin hambre” para la entrega de despensas, se dispensó el pago de impuestos, se implementó un área de negociación para que arrendatarios y arrendadores lleguen a acuerdos, y hay apoyos fiscales a pequeñas empresas.
Los cuestionarios para el estudio se aplicaron vía Internet y WhatsApp. La mitad de los entrevistados son personas de 30 a 60 años de edad; seis de cada 10 son mujeres, que reportaron que en la mayoría de los hogares hay niños menores de 10 años y dos o tres hijos adolescentes, mientras que las personas mayores de 60 años viven solos o con su pareja.
